jueves, 4 de noviembre de 2010

Qué poca luz


Todavía habrá quien se ha sorprendido con la decisión del Tribunal de Justicia Europeo, que ayer, fríamente desde Luxemburgo, decidió poner en cuarentena la aberración jurídica del decreto de incentivos al consumo de carbón nacional español ante la denuncia que las eléctricas Endesa, Iberdrola y Gas Natural-Fenosa.

En la teoría, el asunto consiste en lo que el propio Tribunal de Justicia llama “medida cautelarísima”, de suspender mientras decide si la decisión de la Comisión Europea que declaró compatible con el mercado interior el decreto de marras. Y en la práctica, el asunto no será otro que un nuevo coma en el sector, que puede prolongarse hasta un par de meses, y eso contando con que el tribunal se pronuncie a favor.

La bomba estallaba ayer, justo al mismo tiempo que en la Audiencia Nacional se veía también sobre el asunto, ya que ante la presión de las eléctricas, la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria había obligado a las mismas a presentar en tres días los documentos que acreditaran su compromiso de adquirir el carbón, cosa que estipula el decreto.

Huelga decir que el decreto “legaliza” la obligación de comprar carbón español a las eléctricas, pero lógicamente contraviene el derecho comunitario y las normas de libre comercio. Y es que el hecho de que el decreto se haya colado en la UE se debe única y exclusivamente a que España se acogiera a una disposición europea que autoriza la producción eléctrica de un máximo del 15% con energía nacional, y la única fuente de hidrocarburos de España es el carbón. Pero lo que por un lado se autoriza con una diposición, por otro se desautoriza con otra norma... cuando interesa, claro. ¿Puede una norma jurídica inferior contradecir, contravenir o inhabilitar una superior? La respuesta es una de las nociones más básicas de Derecho.

Este nuevo episodio de una crisis que no se ha cerrado ni previsiblemente se cerrará en el carbón, no viene sino a demostrar que este gobierno, al igual que los anteriores, no ha hecho más que huir hacia delante y malgastar miles y miles de millones, primero de pesetas y luego de euros, sin aportar solución alguna de futuro. Por ofrecer una cifra, el coste del decreto ahora suspendido está previsto en 600 millones de euros. Como la cifra se les escapará, cosa de cien mil millones de pesetas. De fondos públicos, y en tiempo de crisis. Ahí es nada.

El Ministerio de Industria, entre balbuceos y dubitaciones, no ha dicho todavía ni pío, aunque sabe ya que va a tener que suspender el decreto cuando aún no había estado activo, porque entre los plazos de rigor, la presión y los desafíos de las eléctricas y demás menudencias, hasta aquí hemos llegado. Ante tal panorama, los empresarios mineros ya han advertido hoy que están haciendo maravillas para poder pagar las nóminas de octubre, y las eléctricas lanzan la andanada y piden compensaciones por este tiempo de parón de las térmicas.

Eso sí, no se olviden que a todos nos han subido ya la luz. Y que estos días las eléctricas nos han dicho lo bien que les ha ido últimamente. Endesa ha obtenido un beneficio neto de 2.722 millones de euros en los tres primeros trimestres de este año. Gas Natural-Fenosa se ha llevado 1.117 millones, un 22,2% que el año anterior. Y la última, Iberdrola, cosa de 3.836 millones de euros en el primer semestre del año, un 11,7% que el anterior.

Estas cifras, junto con las subvenciones multimillonarias que, sin control alguno, reciben cada año las empresas mineras, nos demuestran que lo que aquí se está librando no es una batalla más en el seno de la minería para ver si el sector continúa en activo más allá de 2014 como pide España o no, sino una batalla de grandes finanzas en toda regla, donde no cabe otra cosa que una buena cuenta de resultados. La frialdad de Luxemburgo es la frialdad de los despachos, de los papeles, de las tablas de Excel.

¿Cuándo se va a cortar de una vez este grifo de derroche inexplicable? ¿Cuándo se van a tomar de una vez decisiones consecuentes por el Estado que, aunque arriesgadas, garanticen de una vez por todas el futuro que pueda conseguirse en las cuencas mineras y cierren de una vez el derroche innecesario de millones y millones en detrimento del bien común y beneficio de cuatro jinetes? ¿Cuándo va el Estado a tomar las riendas de todo ello? ¿Cuándo va a dejar el gobierno de turno de poner una tirita en la herida para que el que venga detrás ponga otra, y otra, y otra? ¿Algún día…?

Uno piensa que qué poca luz entra en la carbonera. Qué poca, qué poca luz.

1 comentario:

Anónimo dijo...

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