viernes, 7 de octubre de 2011

Una historia contada a medias

Hoy se ha conocido cómo ha terminado, de momento, el asunto de la multimillonaria multa que un día el Ayuntamiento de Villablino impuso a la Minero Siderúrgica de Ponferrada por explotar ilegalmente durante más de diez años una mina a cielo abierto. El Feixolín, paradigma de la España que bordea, torea, ridiculiza y se pasa por el forro la ley, sigue a día de hoy sirviendo de base de operaciones para la extracción de carbón a cielo abierto sin ningún tipo de permiso ambiental, urbanístico y administrativo.

La sanción por delito ambiental de 129 millones de euros pasa así a 800.000 por sentencia del pasado 15 de septiembre del magistrado de lo contencioso-administrativo nº 2 de León, Fernando Javier Muñiz, el mismo que hace cuatro años ordenaba la paralización y clausura de la actividad “ilegal e ilegalizable” así lo ha decidido. Conviene recordar que si el Ayuntamiento de Villablino abrió en su día el expediente sancionador, lo instruyó y culminó, no fue nada más y nada menos que porque no le quedo otra salida, con un juez dando esa orden estricta, pues de lo contrario raramente lo hubiera hecho.

La sorprendente cifra que apareció en portada de “El País” entonces no se basó en datos imaginativos, sino que fue un cálculo argumentado de un informe que la propia empresa sancionada había hecho ante los tribunales para mostrarles que el cierre de la mina le causaría enormes perjuicios. Ahora resulta que “existe una enorme dificultad para concretar la existencia de un beneficio referido a la explotación de El Feixolín”, y que aparte de eso, caso de haberlo, la restauración absorbería ese beneficio. Más que una sentencia judicial parece un insulto a la inteligencia. Será que al final esta empresa es una ONG y sólo existe para dar trabajo y pierde todos sus beneficios por el camino. Como una de las ya extinguidas cajas de ahorros, claro que por el medio irían quedando comisiones, remuneraciones de consejeros y presidentes y el resto de condimentos.

Cuando hace seis años en una de las primeras revistas El Mixto publicamos en portada una enorme fotografía de la corta del monte que había hecho uno mismo (y cuya versión en horizontal acompaña a estas líneas) algunos se escandalizaron. Muy pocos habían subido allí, muy pocos habían calibrado las dimensiones de lo que los periódicos se empeñaban y se empeñan en relativizar, desdramatizar, minimizar y, si apuran a uno, en ocultar.

Durante mucho tiempo la revista El Mixto publicó sentencias y autos judiciales y una serie de reportajes sobre cómo había sido el entramado que había permitido tales atrocidades. Se tituló a la serie “Una historia contada a medias” porque así era y sigue siendo. Se publicó un alcalde tramitó la modificación urbanística que allanaba el terreno para la explotación. Se publicó que otro alcalde aceleró en los últimos días de su mandato, ya en funciones, todo lo que pudo las cosas para que se iniciaran los trabajos de desmonte. Se publicó que otro alcalde consintió durante ocho años que esa actividad se llevase a cabo sin ningún permiso y que, aunque sabía que no los tenía, declaró en un juzgado que “todo estaba en regla”. Se publicó que otro alcalde, con el exclusivo deseo de buscar un problema a su antecesor, inició una investigación que terminó ahorcándole a sí mismo y obligándole a dimitir. Se publicó que un grupo de cinco vecinos de San Miguel firmó papeles en barbecho y sin ningún tipo de validez administrativa autorizando a la empresa la explotación, a cambio de determinadas cantidades económicas que constan en dichos documentos. Se publicó que altos cargos políticos y de confianza de la Junta de Castilla y León informaron a los tribunales con datos inciertos, camuflando la realidad, y que llegaron a mentir con total descaro ante la Justicia. A ninguno de ellos le sucedió nada. Nadie pagó por ello, ni en dinero, ni en condenas judiciales.

Tampoco lo ha hecho todavía ni previsiblemente lo hará nunca la actual alcaldesa Ana Luisa Durán Fraguas, a la que recientemente su partido ha apeado de la piragua del Senado en el que ha pasado los últimos ocho años muy bien remunerada. Ana Luisa Durán nunca ha ocultado y más bien ha hecho alarde de las simpatías que le despierta el empresario cabeza visible de la MSP, Victorino Alonso, condenado por diferentes delitos de tipo fiscal, ambiental, urbanístico, societario e incluso personal durante las dos últimas décadas. Como el resto de políticos de todos los niveles de la administración, pero llegando a un extremo de degradación moral y pública sin precedentes, Ana Luisa Durán se ha dejado fotografiar a su lado en no pocas ocasiones, ha viajado con él a defender el sector del carbón a Bruselas y ha participado en algún insultante evento en el que el delincuente era premiado.

Por eso hoy toma especial interés conocer con detalle qué defensa ha hecho el servicio jurídico del Ayuntamiento de Villablino de los intereses de todos los lacianiegos en este caso. Uno, que ya no se espera casi nada de casi nadie, cree que lo más probable es que ni siquiera se hiciera. La Corporación Municipal de 2007, igual que la de ahora, será para siempre responsable de este desaguisado sin precedentes. En 1989 uno similar en los efectos sociales, patrimoniales y ambientales terminó dando vía libre a la instalación de un mazacote de hierro y polvo que hoy sigue funcionando y empeorando las condiciones de vida de los habitantes de Villablino. Tampoco pagó nadie por ello, ni en lo económico ni en lo penal.

Todo gratis, todo a cambio de nada y todo cuando ya queda nada o muy poco por entregar. Claro que como esta empresa debe ser una ONG, es duda que obtenga beneficios de la explotación de ese cielo abierto y si los tiene, los gasta en restaurar lo que destroza, tampoco hay que pedirle mucho más… que estamos en crisis.