martes, 8 de mayo de 2012

Fonfría: una reflexión colectiva



Malas noticias traen de su reunión en Bruselas con el Comisario de Medio Ambiente, el presidente de la Junta de Castilla y León y dos de sus consejeros, el subdelegado del gobierno en León y la alcaldesa de Villablino. Y un mensaje claro: las resoluciones europeas sobre las explotaciones a cielo abierto de Laciana tienen que cumplirse. Algo que debería tomarse por lógico, porque los fallos judiciales se dictan precisamente para eso. Pero ya se sabe que lo del Estado de Derecho no es para algunos más que una frase hecha y recurrente cuando conviene.

En sentencia de 24.11.2011, el Tribunal de Justicia de la UE dejó definitivamente sentado que estas explotaciones vulneran normativas comunitarias. Aunque no era ejecutiva, esa sentencia fue la base sobre la que se dictó, muy poco después, la orden de suspensión cautelar de Nueva Julia por un juzgado de León. La explotación a día de hoy no tiene actividad, y sobre ella –téngase presente– hay pendientes otras denuncias. Por ello, la única que continúa hoy en activo es Fonfría. Donde, por cierto, se han “recolocado” los 56 operarios de Nueva Julia hasta ver qué sucede con su nueva tramitación, que debe estar en marcha con la promesa de ser realidad pasado el verano. Entre medias, se ha conocido que la Junta de Castilla y León decidió “allanarse” en los procesos judiciales pendientes sobre las autorizaciones de Feixolín, Nueva Julia y Ladrones para “restablecer su legalidad”.

A todas luces las actuaciones de la administración han hecho aguas por todas partes. Y eso que, cabe suponer, no todos los reveses trascienden. La maraña en que todo esto se encuentra desde hace mucho tiempo es ininteligible, pero conviene recordar que en 2004 llegó el primer dictamen motivado de Europa, y nadie hizo el menor caso. Sin embargo, en aquel mismo año la Junta de Castilla y León anuló la autorización de uso de suelo rústico para Fonfría, que había aprobado en 2001. También conviene recordar que las licencias de actividad, obra y apertura otorgadas por el Ayuntamiento de Villablino en 2001, siendo alcalde Guillermo Murias, fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia en 2008, tras recurso de algunos concejales del propio ayuntamiento. Uno de ellos, José Luis Suárez Pastor, fue luego teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente durante dos años, pero entonces, aunque Fonfría seguía ahí, no debía desagradarle tanto. Porque en esa etapa, el ayuntamiento comenzó la tramitación de una nueva licencia urbanística, por la que la empresa terminó pagando el ridículo precio de 19.084 euros. Esto ya lo rubricaría Ana Luisa Durán. Y entre unos y otros, que a fin de cuentas son los mismos, incluso tuvieron que declarar lesivos algunos de sus acuerdos. Es decir, que las propias administraciones que hicieron antes, tuvieron que deshacerlo después, eso sí, obligadas por los tribunales.

En 2001, cuando el ayuntamiento firmó el convenio con la MSP que contemplaba la explotación de Fonfría a cambio de contrapartidas materiales y económicas, algunos de los ahora posicionados en contra, hablaban de su necesidad imperiosa para mantener el empleo. Aquello que en 1985 algún lumbrera llamaba “balón de oxígeno”. Y no pocos de estos presentaron escritos y alegaciones en ese sentido. Otros estaban desaparecidos en combate, pisando moqueta bien pagada en algún gabinete de prensa institucional. Otros, al silencio de los corderos, arrancando hojas al calendario de la prejubilación. Y otros, ahora francotiradores, adormilados por el vapor de alguna térmica. Los que entonces protestaron, se encerraron, colgaron pañuelos verdes en sus ventanas y presentaron denuncias, se esfumaron. Y como salió el sol por Antequera, el ayuntamiento dio vía libre a Fonfría. Los pueblos de Orallo y Caboalles de Abajo, pese a su no inicial, terminaron acordando por medio de sus pedáneos contraprestaciones. El tiempo vino a demostrar –y a demostrarles– un grave error, porque es certeza, pese a que algunos no lo reconozcan, que no pocos puntos de esos acuerdos no se cumplieron y probablemente nunca se cumplan. Y hasta aquí hemos llegado: una década después de iniciada esa explotación, con dinero circulando aquí y allá, un nuevo cráter que ya veremos cómo queda. Como si con la lección de El Feixolín no hubiera sido suficiente.

Ahora, en Bruselas los responsables políticos se lamentan de la pérdida de 2.000 empleos directos e indirectos. Y uno se pregunta dónde están esos 2.000 empleos, que ya pudieran ser reales. Porque en realidad son bastantes menos, ni siquiera la mitad. No ha mucho que se hacían grandilocuentes promesas sobre el Pozo Calderón, pero la realidad es que en Laciana se pierden a diario empleo y calidad de vida. En Bruselas, si nada cambia el fin de las ayudas está fijado para 2018. En Madrid, recortes drásticos de ayudas y la incógnita de por qué derroteros va a ir el próximo Plan del Carbón. Todo camina en una dirección que, perdónese a uno la osadía, viene marcada desde hace ya muchos años. Y a los concejales de Villablino sólo se les ocurre un nuevo esperpento de Pleno, con la alcaldesa de Cabrillanes que no se sabe qué hacía allí, para acordar que Fonfría es imprescindible.

Todos los responsables políticos de este desastre y los ciudadanos de Laciana deberían hacerse una reflexión: ¿Qué es lo que se hace y se ha hecho ante un problema que no es nuevo y que algunos no han querido ver y reconocer hasta que resulta inminente? ¿Hasta cuándo se va a permitir, con esta pasividad, que el tiempo siga pasando en vano? ¿Qué piensan hacer cuando pasen los 18 meses que piden para que Fonfría se cierre “ordenadamente”? ¿Se van a restaurar esas más de 300 hectáreas? ¿Y qué va a pasar en 2018? ¿Se van a restaurar todos los espacios degradados, lo cual sería una fuente innegable de empleo e interés público? Porque ya no se trata del oso o el urogallo, que es a donde algunos llevan interesadamente el tema; se trata de un grave problema social y económico de una comarca de 10.000 habitantes y sus limítrofes. La administración –local, provincial, autonómica, estatal y también europea– tiene el deber de plantear, ofrecer y fomentar alternativas reales a Laciana. Claro está que los lacianiegos deben exigirlas. Y no vale decir, como hace la alcaldesa Ana Luisa Durán, que la cosa está muy difícil y el último apague la luz. No valen cartas lacrimógenas, soberbias y tan infantiles. Desde luego, existe y puede existir otro camino; seguramente muy alejado de una actividad ilegal, cuestionada constantemente y con tan poco futuro, que además de ofrecer un subterfugio con fecha de caducidad, compromete cualquier otra alternativa.

Este texto se publicó como Tribuna en Diario de León el 14 de mayo de 2012.

1 comentario:

Anónimo dijo...

CUANDO NO SE HACEN BIEN LAS COSAS, SALTANDOSE TODAS LAS SENTENCIAS A LA TORERA, SIN TENER EL MAS MÍNIMO RESPETO, NO NOS QUEDA MÁS RECURSO QUE EL DERECHO AL PATALEO. PERO SI EL RUIDO QUE SE HACE ES LO SUFRICIENTEMENTE GRANDE, LLEGARÁ DONDE TIENE QUE LLEGAR, Y SE SUPONE QUE AUNQUE NO SEA MÁS QUE UNA SOLA VEZ, PUEDE QUE A ALGUIEN LE SALGAN LOS COLORES.