miércoles, 25 de septiembre de 2013

Coto Minero Cantábrico y los silencios




Decenas de camiones cruzan Laciana escoltados por la Guardia Civil como si portaran un alijo de droga, aunque solo llevan carbón de importación. Los vecinos miran indignados pero paralizados. Ahora que el aura del futuro está en luna menguante, la estampa es vista como una humillación, pero durante años–sin Guardia Civil– era lo más normal.

El holding que más dinero público a fondo perdido ha recibido en España, cuya figura visible es un tal Victorino Alonso que hace no tanto era insolvente o eso decía, acaba de liquidar Coto Minero Cantábrico (CMC): 371 trabajadores quedan de varios miles, explotaciones a cielo abierto paralizadas o clausuradas por los tribunales, un plan para más encallado en Europa y una única mina de interior en Cerredo (en la que se invirtió, como en otras ya cerradas, gran cantidad de dinero público). No se conoce oficialmente, pero la deuda supera los 100 M€, incluidas las nóminas sin pagar del último año, y ya tienen efecto, o lo tendrán, condenas o consecuencias judiciales. A lo mejor no es lo que parece, pero parece que todo esto –y algo más– y el atisbo de que las subvenciones van estrechando o se deniegan como en 2012, ha tenido bastante que ver en el desenlace. Aunque oficialmente tenemos que creer que todo se debe al no de los trabajadores a aceptar (más) condiciones (más) extremas de (más) esclavitud.

La pregunta que surge es si todo va a llegar más allá que a vía muerta y si se considerará a CMC fracción de ese holding, interpretando una agrupación empresarial –como en las sentencias de los ERE, cuyos fallos dieron la razón a la parte social evitando despidos en masa– que asuma deudas y posibles responsabilidades, o si la liquidación se aplicará sin más dejando las cosas en parecido albur que Martinsa-Fadesa, Viajes Marsans o el grupo Martínez Núñez, por citar ejemplos de todos conocidos. Ley Concursal aparte, la imbricación de varias de sus sociedades (madera, mecánica, maquinaria, seguridad) con CMC agobia cualquiera de las fórmulas legales que pudieran aplicarse durante la liquidación para que continúe la actividad sobre las reservas de carbón y la que es, dicen, “la mejor mina de España”.

Por eso parece razonable que se haga de una vez una investigación en detalle que aclare si las astronómicas cifras de fondos públicos manejadas por este holding han ido en realidad a donde debían ir o si, como en otras ocasiones, se disuelven en marañas societarias, paraísos fiscales, facturaciones simuladas, financiaciones plutocráticas, dádivas varias o, por ejemplo, la maquinaria pesada que termina formando parte del patrimonio de cualquier sociedad de cualquier testaferro de medio pelo, ejecutando obras en Sudáfrica o América Latina.

Quién ignora a estas alturas que tras la llamada “trama del carbón” hay penumbras con sombras demasiado largas y altas, y que durante muchos años se toleraron arbitrariedades políticas, laborales, ambientales, urbanísticas y hasta fiscales, no gratuitamente, pero sin que nadie –o muy pocos– movieran un músculo no ya para tratar de impedirlo, sino para ni siquiera denunciarlo. Y eso que se están dando y se darán mutaciones extraordinarias, no solamente en quienes paralizados ven ahora pasar con total impunidad convoyes como antes vieron tantas cosas. También la de los esfumados que hasta hace no tanto trufaban titulares de prensa y horas de radio con panaceas de humo. Cómo olvidar a Juan Vicente Herrera o Tomás Villanueva (al que ahora “se le escapa de las manos una solución”) yendo a Bruselas de la mano de Victorino Alonso con el señuelo de miles de empleos. Cómo olvidar a Ricardo González Mantero y su “prefiero creer a un empresario leonés que genera empleo antes que a una empresa pública que se sostiene con las ayudas de la SEPI”. Cómo olvidar la estampa de Vicente Álvarez Areces volviéndose desde su escaño para aplaudir a las mujeres del carbón desalojadas del Senado, cuando amén de otras circunstancias, “apostó” por el sector en doce años en el Principado con una regasificadora en Gijón o la ampliación del puerto en el que desembarcan cada año 12 millones de toneladas de carbón de importación. Cómo olvidar a Álvarez-Cascos, uno más en las manifestaciones pro-minería después de que en su breve presidencia en el Principado se autorizara el desembarco de inmensas cantidades de carbón colombiano como pura especulación. O cómo olvidar a Ana Luisa Durán, su “guinda al carbón” de Zapatero, la connivencia de la foto con Villalba, Martínez y Alonso entre sonrisas y convenio a coste de saldo. Cómo olvidar su cara, todo un poema dado lo que a estas alturas puede brindar a los mineros –y a los no mineros– salvo maletas para emigrar y lloriqueo menudo. Cómo olvidar a tantos y a tanto durante tanto tiempo.

Indignarse a estas alturas y todavía en silencio es un paso, pero lo que ha sucedido –para nada inesperado– es esencialmente consecuencia de la rapiña de los especuladores de turno, administraciones inservibles y sindicatos participantes. Pero también lo es de los silencios cómplices de todos los que se aferraron a palabras huecas y falsas ofrendas, dejándoles hacer mucho durante mucho tiempo. Un silencio que aceptó, soportó y hasta fomentó. Javier Bergia acaba de alumbrar una canción en la que canta sobre “el agrio silencio, siniestro silencio, cómplice de todo cuanto se urde en la noche sin luna… de aquellos que gobiernan en la sombra saqueando este mundo”. Es una pena que a su música y a sus mensajes se les conozca, escuche y comprenda tan poco. 

Este texto ha sido publicado el 25 de septiembre de 2013 como Tribuna en Diario de León.

viernes, 7 de junio de 2013

Laciana al revés es Anaical




Si se llega a Laciana desde León, poco antes de entrar en Rioscuro la imagen de la antigua fábrica de refrescos Anaical resulta una triste metáfora. Un esplendor pasado, hoy en ruinas, figurado no solo en lo que se cae por el abandono y lo que devora la maleza, sino también en las letras pintadas en la fachada, hoy decoloradas y carcomidas. Anaical, Laciana al revés, un sueño de lacianiegos emprendedores en tiempos –otros, no estos– difíciles. La misma metáfora a la entrada de Caboalles de Abajo, donde un montón de ruinas mineras desvalijadas hacen de welcome de los miles de esquiadores que cada invierno acuden a la estación de Leitariegos.

Con semejante marketing, seguro que a más de uno se le han quitado las ganas, si las traía, de quedarse un par de días. Como contraste, si el viajero mira enfrente tanto en uno como en otro sitio, fácilmente advertirá otra imagen, la de dos de los mejores bosques de la Cordillera Cantábrica, que aunque este año traen la primavera atrasada regalan ya estos días su verdor, para que no se pierda del todo la esperanza.

Metáforas aparte, la realidad es la que es. La estadística oficial muestra una pérdida, en la última década, de casi un 20% de habitantes, que hoy apenas superan el umbral de los 10.000. Las cifras más generosas de empleo en minería son de 675 trabajadores, contando principales empresas, servicios y oficinas y subcontratas. El número actual es bastante menor, porque ni la totalidad de esas 675 personas residen en la comarca, ni se tienen en cuenta las disminuciones de los 170 despedidos o las prejubilaciones del pasado año. Sean los que sean, en la actualidad penden de un hilo, fruto de los abusos de un grupo empresarial y la irresolución de un gobierno que no actúa con contundencia sobre el mismo. En paralelo, se emplean más de 1.000 personas en el sector servicios y hay abiertos unos 200 comercios, de los que muchos hacen milagros para no verse abocados a cerrar.

Desde luego, si siguieran la doctrina de quien solo acierta a decir que no queda otra que coger la maleta, que la reindustrialización no se hizo y ya no se hará, o que califica de cínico a un ministro, como si fuera el único, serían muchos más los que colgaran el cartel de “liquidación por cierre”. Pero si la situación de Laciana ha puesto algo de manifiesto, aparte de una situación dramática que para nada es inesperada, es la nulidad completa de quien tendría que estar asumiendo la representación colectiva en este decisivo momento si tuviera capacidad, interés, carisma y proyecto político. Dadas las evidentes carencias, se dice que el pueblo está “al borde del estallido social”; grave irresponsabilidad aparte, parece una incitación a algo inverosímil dado el ridículo poder de convocatoria de quien ha hecho tan poco, pero defraudado tanto.

La desolación y el desaliento son contagiosos, por eso estamos como estamos, y porque la crisis global agrava aún más el contexto y diluye el problema de las cuencas mineras. Pero la dificultad ayuda a palpar la realidad, y cada vez son más los lacianiegos que asumen que el carbón ha ardido ya lo que tenía que arder. O dicho de otra forma, que en la mejor de las tesituras se verá relegado a un segundo plano. No parece primordial hablar en ese contexto de las subvenciones multimillonarias, de sobra a la vista, con que determinados holdings acrecentaron imperios opacos y que la mayoría de políticos despilfarraron con la matraca de la “reindustrialización”. Tampoco parece primordial sollozar con eso de “en este pueblo todo el mundo está en el paro”, tan lejos de la realidad y que cualquier alcalde –o alcaldesa– con un poco de juicio asumiría como un fracaso. Aunque también se echan en falta actuaciones de sectores como los industriales, porque de la Corporación Municipal poco puede esperarse a estas alturas, estando como está en coma inducido.

Vivimos el período más crucial en muchos años. Y se hace necesario un análisis colectivo, encabezado por personas ajenas a lo que se ha hecho hasta ahora, que adviertan la situación con nitidez y sobre todo aúnen. Un análisis que tiene que concluir en las posibilidades que, si existiera voluntad política y unidad de actuación, pudieran ser realidad a medio plazo. Una propuesta nada fácil de llevar a la práctica pero no imposible, que ha de determinar, una vez constatado hasta qué punto y bajo qué condiciones va a mantenerse la explotación de carbón (si se mantiene), el establecimiento de una economía alternativa a la industria con el objetivo primordial de fijar una población estable y dar tranquilidad a una ciudadanía que lleva ya mucho más de lo que debería en la intranquilidad, mientras políticos, sindicatos y bólidos de ida y vuelta organizan cruzadas que cada vez causan más vergüenza ajena. Una ciudadanía a la que sólo se ofrece miseria y una clase trabajadora a la que se quiere despachar con aumento de horas de trabajo y serias mermas de salario. Como ejemplos de esa propuesta alternativa, con o sin carbón, sirva citar el desarrollo de restauraciones ambientales y rehabilitación de determinadas ruinas mineras, con el triple fin de mejora de calidad de vida, puesta en valor de recursos turísticos y fuente de empleo; el impulso de propuestas culturales y educativas de primer nivel con la contribución de la Fundación Sierra-Pambley; la paulatina creación de infraestructuras turísticas y deportivas, incluyendo mejora de la estación de esquí de Leitariegos; la puesta en marcha de pequeñas industrias alimentarias y la atracción del creciente turismo gastronómico; el establecimiento de un circuito que recorra la comarca y muestre a través de sus elementos físicos (minas e infraestructuras, cuarteles mineros…) el cambio de vida que la industria impuso sobre la vida tradicional, en alianza y complemento al Museo Nacional de la Energía de Ponferrada; o el colofón del tren turístico que hace unos días volvió a ponerse sobre la mesa. Sólo son pinceladas, sin olvidar la imprescindible condición de Laciana como centro comercial y de servicios para sus aledaños.

No es ningún sueño imposible. Vemos desde demasiado lejos, aunque lo tengamos cerca, ideas como Enoturismo Bierzo, que presenta cien productos sobre vino, gastronomía, senderismo o patrimonio; propuestas dentro de la corriente internacional "slow food", consistente en la salvaguarda de tradiciones gastronómicas regionales como sello de calidad; o la recuperación de algunos trenes turísticos, con ejemplos extrapolables al nuestro como el vasco del Urola. Miramos con demasiada resignación a las ruinas de la fábrica de Anaical sin percibir que en la metáfora está la única clave posible para salvar los muebles: Laciana al revés es Anaical. Se trata de un cambio de modelo como única salida viable y realista. Un cambio desde la unidad, para convencer y exigir a la administración su implicación, y siendo partícipes de nuestro destino.

Este texto fue publicado el 28 de mayo de 2013 como Tribuna en Diario de León.

lunes, 11 de marzo de 2013

Laciana, antecedentes y realidades




El 23 de noviembre de 2009 Victorino Alonso inauguró una nueva mina en Cerredo. La colosal infraestructura supuso una inversión de 45 millones de euros de fondos públicos. El grueso de la obra y maquinaria orgullo del patrón se ejecutó por sociedades tan familiares como Ferpi o Macneny. Es un dato, que pretende hacer ahínco en la solvencia del holding y de la sustanciosa inversión pública. Ahí está la hemeroteca para repasar las proclamas del día: la mina más grande de España, una producción anual de 1,5 millones de toneladas, un yacimiento para 30 años, 500 empleos ampliables a 700. Pese a lo que pretendía mostrarse como una decidida apuesta por la minería de interior, Victorino Alonso no se contuvo: “Preferiríamos no abonar multas porque, al final, vamos a entrar a la brava.” Se refería a varias explotaciones a cielo abierto pendientes de autorización. Le rodeaban consejeros autonómicos, directores generales, alcaldes, concejales, sindicalistas del ramo, una senadora y otros invitados. “A la brava.” Todos aplaudieron, porque ese día no debía tocar mentar al Estado de Derecho.

Ana Luisa Durán Fraguas estaba sentada en primera fila a su lado. Si algún día escribe sus memorias, porque a Victorino Alonso le pasaría como a Sabino Fernández Campo, que lo que puede contar no es interesante y lo interesante no puede contarlo, sabremos si le dio un codazo al escucharle o simplemente sonrió con complacencia. Cabe pensar que más bien lo segundo, aunque sólo sea por los antecedentes, que sirven para comprender hechos posteriores y en jurisprudencia circunstancialmente son tenidos en cuenta como agravante.

Las mismas promesas casi de pleno empleo que en Cerredo se produjeron hace un año en Pilotuerto (Tineo). Como otrora y con el mismo esquema había sido tantas veces. Para no empañar los antecedentes, la realidad es hoy cerca de 500 trabajadores de cielos abiertos y servicios auxiliares en ERE temporales, y otros 200 con un ERE de extinción, es decir, en la calle y con las prestaciones sociales agotadas tras dos años de movilizaciones intermitentes que no sirvieron más que para desgastar su economía y su moral. Aquellas movilizaciones que acorralan hoy a los sindicatos, sin margen ni credibilidad, y a las que acudieron prácticamente todos los políticos –a la cabeza Ana Luisa Durán– sonriendo como si fueran a una romería, con el empresario levantando grotescamente el puño cual bolchevique. La realidad es hoy también que el Estado ha retenido las ayudas públicas a Victorino Alonso porque tiene encima una querella criminal por la presunta desaparición de 528.000 toneladas de carbón, la cual supondría un quebranto superior a los 46 millones de euros públicos. Casi nada. Otra vez los antecedentes de este trapicheo a gran escala: 1994, Fenosa, La Robla…

Pues con esta realidad y cuando las miserias la acorralan como a él pero en versión paupérrima, Ana Luisa Durán pide un plan de empleo específico para Laciana, que podría enfocarse según ella a poner en valor los espacios degradados ambientalmente “o a lo que se nos ocurra”. Uno, que cree tener buena memoria, recuerda que hace no tanto algunos hablábamos de pensar qué hacer con quienes paulatinamente iban a ir quedándose en la calle, que habría que tratar de compatibilizar ese final con labores de restauración necesarias y que así se podría hacer una transición menos dramática. Uno, que cree tener buena memoria, aún recuerda que Ana Luisa Durán y otros políticos y sindicalistas, se tomaron aquello como la ocurrencia del año y por supuesto no hicieron ni caso. ¿Por qué ahora, entonces, tan genial y novedosa propuesta? ¿Ya se ha agotado el filón del parador, el tren turístico, el museo minero, la autovía a ninguna parte y todos esos pastiches que aderezaron mítines, titulares y ruedas de prensa? ¿O realmente esto era lo que había que haber propuesto y hecho hace años, y no ahora con la soga al cuello y con una manifiesta carencia de recursos en la administración? ¿No parece más bien un ‘por decir’ de quien no sabe qué hacer, de quien trata de cubrirse de la tempestad y de paso carga el muerto a otro partido?

Uno recuerda a Ana Luisa Durán aplaudiendo en primera fila a Zapatero en Rodiezmo cuando decía que garantizaría un gran futuro para el carbón. Uno recuerda que ella dijo que Zapatero pondría “la guinda al carbón” en su turno en la presidencia de la Unión Europea. Uno recuerda que se cerró el Pozo Calderón, y ella como alcaldesa no movió un músculo. Uno recuerda también que en sus siete años de senadora y en casi otros tantos como alcaldesa ha sido incapaz de traer inversión alguna a la comarca. Uno recuerda, qué pena, casi todos los antecedentes de esta triste realidad.

Aun así, cabe preguntar a Ana Luisa Durán cuáles serían los espacios a restaurar con ese eventual plan de empleo, que haberlos haylos, espacios y degradados: algunos por el propio ayuntamiento en su etapa de alcaldesa –todavía hoy– y algunos no restaurados por las empresas mineras incumpliendo sus obligaciones legales, porque la administración cierra los ojos y lo permite. “A la brava”, como amenazó Victorino Alonso, y con antecedentes: en Fonfría, que es lo que le queda, o en El Feixolín, con un sinfín de sentencias ordenando su paralización y cierre. “A la brava” también en Nueva Julia, cuya paralización cautelar sería, decían todos, cosa de unos meses y ya ha pasado más de un año. Con tales antecedentes, las restauraciones prometen. Cabe preguntar además a Ana Luisa Durán Fraguas si ese plan de empleo que exige a la Junta de Castilla y León sería solo para los mineros afectados por los ERE o si se extendería para los autónomos que tienen que cerrar sus negocios, para los asalariados que se quedan sin empleo en una comarca donde su ayuntamiento es inoperante y errático en grado superlativo, o incluso si se plantearía extender ese plan para los empleados de su propio ayuntamiento a los que ella misma pretende ahora aplicar recortes severos mientras despilfarra en gastos varios.

Cabe preguntar a todas las administraciones –a la Junta de Castilla y León, al Ministerio de Industria, y a la alcaldesa y al resto de la Corporación Municipal de Villablino– si dados los antecedentes y la realidad actual tienen alguna propuesta creíble y piensan asumir compromisos políticos para ejecutar actuaciones inmediatas que resuelvan esta situación de “espacio degradado”, material e inmaterialmente. Situación de la que todos ellos tienen, precisamente por sus antecedentes, mucha responsabilidad. Y si no la tienen, que se vayan.

Este texto fue publicado como Tribuna en Diario de León el 11 de marzo de 2013.